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EL BLOG DE PÉREZ MARÍN ABOGADOS

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DERECHO DE PROPIEDAD (III): Actitud de los Tribunales internos españoles ante las declaraciones y los mandatos del Derecho comunitario

El tercer punto de nuestra serie de artículos de opinión sobre Derecho de Propiedad aborda la postura de los Tribunales españoles ante los mandatos del Derecho comunitario. Como introducción, recordamos los artículos anteriores que completan la serie:

Derecho de Propiedad: Apuntes de urgencia a la luz de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

I. El Derecho de Propiedad: ¿Un derecho fundamental?

II. La expropiación forzosa y las garantías constitucionales para su ejercicio

III. Actitud de los Tribunales internos españoles ante las declaraciones y los mandatos del Derecho comunitario

IV. La necesaria motivación de todos los poderes públicos

Una vez puestos en antecedentes, pasamos a desarrollar el epígrafe en el que ahondamos en la posición de nuestros Tribunales ante el Ordenamiento comunitario.

III. ACTITUD DE LOS TRIBUNALES INTERNOS ESPAÑOLES ENTE LAS DECLARACIONES Y LOS MANDATOS DEL DERECHO COMUNITARIO

No es el momento de extenderse en demasía en este punto que daría para un trabajo monográfico autónomo, pero sí constatar que, con más resistencia de la debida a pesar del principio de supremacía del Derecho Comunitario sobre el Derecho interno, los Tribunales -particularmente los altos Tribunales- se han mostrado muy reticentes a la aplicación no sólamente del derecho positivo (Directivas y Reglamentos sobre todo) sino a la trasposición del mismo en nuestro Derecho interno, la mayoría de las veces incurriendo en “ultra vires”, llegando por lo tanto a una situación que ha sido calificada con acierto de un “espléndido aislamiento”.

 

Sin embargo, no debemos de olvidar que la contradicción entre norma nacional y norma comunitaria constituye un verdadero conflicto constitucional. Pues bien, a pesar de esta obviedad, se ha considerado como todo un hito en la historia del Tribunal Constitucional la decisión adoptada por el Auto ATC 86/2011 de 9 de junio por el que el pleno acordó plantear al Tribunal de Justicia de la Unión Europea por primera vez una cuestión prejudicial ex art. 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Hoy, en nuestro ordenamiento jurídico interno ya no existen argumentos para no incorporar las declaraciones de los Tribunales Comunitarios, e incluso para no respetar sus fallos a partir de la LO 7/2015 de 21 de Julio de Reforma de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio del Poder Judicial, particularmente las disposiciones finales 2ª, 3ª y 4ª todas ellas referidas a las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de lo Contencioso-Administrativo.

Antes de ir terminando esta breve aportación, rescatamos lo que consideramos doctrina pacífica del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación a la concreción del concepto jurídico indeterminado “causa de utilidad pública” por su incidencia directa en el núcleo de fondo que estudiamos. En este supuesto, los Estados gozan de un cierto grado de apreciación discrecional, pues gracias a un conocimiento directo de su sociedad y de sus necesidades las autoridades nacionales se encuentran en mejor posición que el Juez internacional para determinar lo que es de utilidad pública. Por tanto es al Estado a quien corresponde apreciar la existencia de un problema de interés general que justifique la privación de la propiedad, y el Tribunal solo podrá rechazar esta apreciación en aquellos casos que sean manifiestamente irrazonables. De modo que la interdicción de la arbitrariedad se erige EN EL PRINCIPIO GENERAL DEL DERECHO INTERNACIONAL (arts. 1 del Protocolo nº 1) QUE SIRVE DE CONTRAPESO AL MARGEN DE APRECIACION ESTATAL EN ESTA MATERIA.

En definitiva, desde el punto de vista sustantivo puede concretarse que la garantía patrimonial de la propiedad en el sistema europeo de protección de los Derechos Humanos no se asienta técnicamente sobre la idea de la “restitutio in integrum”, sino sobre la indemnización razonable o satisfacción equitativa.

Descargar intervención completa

 

Etiquetas: ordenamiento jurídico, derecho patrimonial, tribunal europeo