Recientemente, en nuestros perfiles de Facebook y LinkedIn, nos hacíamos eco de la noticia en la que se informaba que el Gobierno central, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, había decidido declarar como sobreexplotado el acuífero de Doñana.
Esta medida, llegaba tras un más que merecido tirón de orejas por parte de la Comisión Europea y como viene siendo normal en estos casos, dicha denuncia ha desatado una serie de acciones en cargos políticos y de otra índole.
La última de estas acciones, tuvo lugar este pasado miércoles 20 de febrero en una reunión en la que Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, informaba a los alcaldes de los municipios cercanos a Doñana (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado) sobre una serie de medidas que se pondrán en marcha para garantizar el uso sostenible del acuífero del emblemático parque natural andaluz.
Como profesionales especializados en Derecho de Aguas, desde Pérez Marín Abogados queremos manifestar nuestra conformidad con dichas medidas, pero, frente a las habituales acusaciones a regantes de la zona, también queremos recordar las palabras del delegado del Gobierno Gómez de Celis, quien afirma “que la mayoría de los agricultores andaluces cumplen con la normativa y regulación y hacen un uso del agua de manera excelente y legal”.
En esta línea, destacamos la reciente sentencia del TS de fecha 14 de febrero de 2019, recurso 463/2016, en procedimiento defendido por nuestro bufete y que afectaba a una finca del entorno de Doñana que viene siendo seguida y “perseguida” por la Administración hidráulica más por su ubicación (Doñana), que por sus presuntas acciones.
La sentencia, que enjuiciaba una presunta infracción con multa millonaria por supuestos daños al dominio público hidráulico, resuelve que queda probado que nuestros clientes no son infractores y expone que la administración no ha sido rigurosa en su actuación, algo que ha terminado condenando en costas a la entidad hidráulica y, por ende, a las arcas públicas de nuestro país.
Esto, viene nuevamente a reforzar las palabras del delegado Gómez de Celis, y en esa línea, además de confiar en el buen hacer del organismo de la cuenca, el equipo de Pérez Marín Abogados propone ir a la realidad de cada agricultor, analizar cada casuística, e intentar darle una solución consensuada con las Administraciones actuantes, con el fin de a optimizar el agua y reducir cualquier riesgo de sobreexplotación sin merma de derechos para los agricultores.
