Bufete Pérez Marín SLP, como Bufete especializado al que le avala una larga trayectoria en el Derecho de Aguas, tiene un conocimiento y contacto directo con los diversos problemas que está padeciendo actualmente este sector.
Este despacho profesional está comprometido con el respeto, conservación y mejora del medio ambiente, especialmente con los recursos hídricos.
DERECHO A LOS RECURSOS HÍDRICOS
Pero también, dentro del desarrollo de sus actividades profesionales, está la defensa de los agricultores a la captación legal de recursos hídricos para las explotaciones agrícolas. Así, hemos recibido el encargo de decenas de personas y empresas del ámbito fresero, pujante e importante sector económico de Huelva, y que son titulares de derechos sobre cientos de hectáreas de terreno, para la defensa de sus derechos e intereses ante los Decretos de la Junta de Andalucía: 341/2003 (Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana) y 178/2014 (Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana).
Asimismo defendemos a los ciudadanos contra las sanciones administrativas impuestas por las Confederaciones Hidrográficas por actuaciones en materia de aguas (pozos, balsas, derivación de aguas, etc.)
Sin embargo, recientemente se ha dado un salto cualitativo y, en ciertas ocasiones, se están llegando a emprender acciones penales contra ciudadanos de este ámbito, siendo el criterio y la opinión de este Bufete (y así lo estamos manteniendo ante los Tribunales de Justicia) que no hay ilícito penal, especialmente a la vista de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo que maneja este despacho vinculada al tradicionalmente denominado acuífero 27 y a la vista de los expedientes administrativos instruidos por la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, junto a las propias afirmaciones de los responsables administrativos y políticos al respecto.
PRINCIPIO DE INTERVENCIÓN MÍNIMA
Por todo ello, en nuestra opinión, la lógica defensa del medio ambiente no puede permitir que se obvien principios básicos del Derecho, como son el proporcionalidad y el de la consideración del Derecho penal como «ultima ratio», esto es, como la última razón o última medida, de manera que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable.
